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UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA
PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONES GALLEGAS 2012

ÍNDICE

 

Una política al servicio de los ciudadanos

1.1.      UPyD, la alternativa necesaria

1.2.      UPyD, catalizador necesario de los grandes pactos autonómicos

1.3.      Una nueva cultura de lo público

1.4.      La devolución del poder al ciudadano

1.5.      UPyD, una alternativa para Galicia

1.5.1.   Educación

1.5.2.   Cultura

1.5.3.   Deporte

1.5.4.   Sanidad y asuntos sociales

1.5.5.   Discapacidad

1.5.6.   Atención a la dependencia

1.5.7.   Ley de Custodia Compartida

1.5.8.   Fusión de Municipios y desaparición de Diputaciones

1.5.9.   Desarrollo rural

1.5.10. Pesca

1.5.11. Industria y empleo

1.5.12. Urbanismo

1.5.13. Medio Ambiente

1.5.14. Cajas de Ahorro y Sistema Financiero
Una política desde los ciudadanos

2. Regeneración democrática

2.1. Reforma electoral

2.2. Transparencia

2.2.1. Propuestas

2.3. Corrupción

2.3.1. Propuestas

2.4. Función pública

2.4.1. Propuestas
UPyD impulsor de un Estado eficaz, solidario e igualitario

3. Estado autonómico

3.1. Nuestro modelo de Estado

3.2. Duplicidades, redundancias y excesos

3.3. Nuestro modelo de Estado Federal

3.4. Actuaciones sobre el sistema de financiación autonómica

3.4.1. Propuestas

 

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Una política al servicio de los ciudadanos

1.1. UPyD, la alternativa necesaria.

1.1.1. Galicia necesita un cambio, y este cambio es evidente que no va a venir de la alternancia política. En Galicia en los últimos ocho años hemos agotado las dos alternativas que pretenden erigirse como exclusivas. Y estos ocho años han dejado claro también que ninguna de las dos alternativas, PP o PSOE -BNG, son útiles. El dogmatismo, el oportunismo, el clientelismo y el caciquismo son responsables de la difícil situación que atraviesa Galicia.

1.1.2. Galicia necesita la entrada en el parlamento de una fuerza política nueva,   de una fuerza inequívocamente progresista que sin dogmatismos, oportunismos, libre de clientelismo y opuesta al caciquismo, promueva las reformas necesarias para que todos los gallegos podamos disfrutar de unas instituciones plenamente democráticas y transparentes. Galicia necesita la entrada en el parlamento de UPyD.

1.1.3. La crisis económica ha desnudado otra crisis aún mayor y de consecuencias más peligrosas: la crisis política del modelo de Estado nacido de la Constitución de 1978. Por este motivo debemos concurrir a las elecciones con una visión nacional y de conjunto que relacione todas las partes de nuestro sistema político y económico.

1.1.4. Esta perspectiva  nacional no significa que debamos  desentendernos  de los problemas  y necesidades concretas de Galicia. Al contrario, UPyD sostiene que la política deben ejercerse a pie de calle, a partir del ciudadano y sus problemas, y éste va a seguir siendo el compromiso de nuestros futuros representantes.

1.1.5. Pero, al mismo tiempo, hay que explicar a los gallegos que las cuestiones más domésticas están absolutamente condicionadas por la crisis del sistema político en su conjunto, sistema político que  es  preciso  regenerar  de  forma  urgente  si  queremos  encontrar  solución  a  la  mayoría  de  los problemas a los que debemos enfrentarnos diariamente.

1.2. UPyD, catalizador necesario de los grandes pactos autonómicos.

1.2.1. Unión   Progreso   y   Democracia   se   define   como   un   partido   progresista   y   transversal declarándose heredero de las tradiciones políticas del liberalismo progresista y del socialismo democrático. Del liberalismo asume la idea de que somos titulares de unos derechos individuales que no deben de ser reducidos en nombre de supuestos derechos colectivos. Del socialismo democrático asume  la  tesis  de  que  el  Estado  debe  garantizar  la  igualdad  real  de derechos  entre  todos  los ciudadanos, fundamentalmente por medio de servicios públicos de calidad universales y financiados solidariamente.   Al margen de los dogmas UPyD, como partido progresista, apoya toda política que redunde en una mayor libertad e igualdad con independencia de quien la proponga.

1.2.2. Para conseguir este objetivo aportaremos nuestro propio modelo e ideas de reforma política, muchas de las cuales ya hemos conseguido que se incorporen al debate público. Tenemos la voluntad de actuar como catalizador de los grandes pactos que Galicia necesita, para acometer las reformas institucionales y legislativas más urgentes. UPyD puede jugar este papel por dos razones esenciales: por  nuestra  libertad  de pensamiento,  nacida  de un partido  de carácter instrumental  y transversal, habilitado para trabajar sobre ejes ideológicos innovadores y abiertos, y por la libertad que otorga no cargar  con  el  pesado fardo  de  una  red  clientelar  de  cargos  públicos,  oligarquías  partidarias  y entramado de intereses que en los partidos tradicionales copan su estructura de poder.

1.2.3. Garantizaremos un gobierno sólido y estable que sea controlado eficazmente por el Parlamento, donde  promoveremos  un  diálogo  constructivo  y  leyes que  desarrollen  nuestro  programa  y  las propuestas que consideremos beneficiosas y mejores para la sociedad gallega, con independencia del grupo parlamentarios que lo proponga.

1.3. Una nueva cultura de lo público.

1.3.1. Galicia necesita con urgencia una nueva cultura de lo público. Esto implica reformar las instituciones  públicas,  desde el punto de vista de sus competencias  y su organización,  y también acometer una verdadera regeneración de la vida pública, aquejada por la demagogia y el desgobierno, que  permiten  campar  a  sus  anchas  al  partidismo,  a  la  corrupción  y  a  la  manipulación  de  las instituciones.

1.3.2. Como recogen las resoluciones de nuestro I Congreso, pretendemos convertir el trabajo político en una herramienta al servicio exclusivo de los ciudadanos. Por eso nuestra primera aspiración es llevar a las instituciones a ciudadanos atentos a la defensa del interés general, rigurosos en el manejo de los fondos públicos y comprometidos con el impulso ético de la vida pública.

1.3.3. Y, por el mismo motivo, los representantes públicos elegidos en las listas de nuestro partido se comprometen a trasladar el Código de Buenas Prácticas Públicas aprobado en nuestro I Congreso a todas las instituciones en las que participen.   Este Código, que forma parte de nuestros Estatutos y que aspira a ser código genético de este partido, obliga a todos los cargos públicos, entre otros puntos, a hacer declaración notarial de sus bienes e intereses, abstenerse de participar en cualquier asunto en que pudiera existir algún interés personal y a ejercer el cargo con austeridad y accesibilidad hacia todos los ciudadanos.

1.4. La devolución del poder al ciudadano.

1.4.0. Sabemos que ninguno de los cambios que Galicia debe acometer para tener futuro será posible si no conseguimos  que los gallegos asuman una mayor responsabilidad  y tomen el control sobre la política, si, en definitiva, no conseguimos una sociedad civil fuerte que sea capaz de liberarse del control oligopólico y caciquil que ejercen los partidos políticos hasta el último rincón de la sociedad. Necesitamos ciudadanos conscientes, capaces de exigir responsabilidades a sus representantes para que no resulte indiferente practicar una política o su contraria, para que la corrupción no salga gratis ni sea posible  someter  el  interés  general  a  los  intereses  particulares.  En  las  relaciones  con  la administración y en todos los servicios públicos los ciudadanos podrán emplear y tendrán derecho a ser informados en la lengua oficial de su elección.

1.4.1. Para devolver el control político a los ciudadanos es fundamental:

1.4.1.1 La reforma de la ley electoral, de modo que restituya la igualdad de oportunidades en la representación pública y el valor de la igualdad de voto de cada ciudadano más allá del lugar en que resida, permitiendo una mayor intervención en la selección de sus representantes y disminuyendo el poder del aparato de los partidos.

1.4.1.2 Una política rigurosa y abierta de transparencia y acceso a la información pública en todas las instituciones, que propicie la participación ciudadana partiendo de los niveles básicos de la actividad pública. Nuestros representantes promoverán la transparencia de las administraciones en todas las facetas de su funcionamiento, de modo que los ciudadanos podamos conocer y valorar las decisiones de nuestros gobernantes. El desarrollo actual de la tecnología facilita que toda la información, sobre todo la que afecta al manejo de los fondos públicos, sea accesible de forma rápida, gratuita y comprensible, sin más excepción que aquella que afecta a la seguridad y a la defensa del Estado o a la intimidad de las personas

1.5. UPyD, una alternativa para Galicia. En  coherencia  con  sus  planteamientos  a  nivel  nacional,  en  Galicia  UPyD  defenderá  la  cohesión territorial  entendida  como  la  igualdad  de  todos los  gallegos,  con  independencia  de  su  lugar  de residencia y del idioma que hablen de entre los dos oficiales.

1.5.1. Educación, cultura y deporte.

1.5.1.1. La educación es la base del progreso  de cualquier  sociedad  y elemento  esencial para la formación de ciudadanos libres que participen de forma activa y hagan avanzar a la comunidad a la que  pertenecen.  UPyD  defiende  la  necesidad  de  un  pacto  que  devuelva  las  competencias  de educación al Estado, sin perjuicio de que la gestión siga siendo desempeñada por las CCAA. En tanto esto no se lleva a cabo, debemos partir de la realidad de que, actualmente, Galicia tiene competencia para regular y administrar la enseñanza. Nuestro partido cree que debe desarrollar esta competencia educativa  de  acuerdo  con  el  resto  del Estado,  de  forma  que  se  garantice  la  igualdad  entre  los españoles, se posibilite la movilidad de los estudiantes y profesores y se refuerce la cohesión social, cultural y territorial.

1.5.1.2. Como derecho fundamental constitucionalmente reconocido, la educación ha de garantizar la formación integral del alumno como ciudadano autónomo atendiendo a:

1.5.1.3. La enseñanza de los valores democráticos esenciales que le permitan ejercer una ciudadanía responsable  y le acompañen en el desarrollo armónico y global de su personalidad.

1.5.1.4. Los conocimientos  y destrezas  necesarios  para poder incorporarse  con éxito al mercado laboral, como parte de ese ejercicio de ciudadanía autónoma y responsable.

1.5.1.5. Es  fundamental  recuperar  el  concepto  de  escuela  como  institución  imprescindible  en  una sociedad democrática, debe fortalecerse el respeto a sus fines, la consideración debida al profesorado y prestigiarse la cultura del esfuerzo, en términos de resultado o dedicación, premiando a aquellos alumnos que lo logren.

1.5.1.6. En concordancia con nuestra ponencia política, en base al proyecto ilustrado, el liberalismo progresista y el socialismo democrático de los que UPyD se declara heredero, este partido defiende un servicio  de  educación  pública,  laica  y  mixta  como  instrumento  más  eficaz  para  garantizar  la prosperidad económica, el progreso social y la constitución de una comunidad política democrática. Teniendo lo antedicho como punto de partida, UPyD Galicia establece para la Comunidad Autónoma las siguientes propuestas educativas:

1.5.1.7. El currículum escolar ha de tener en cuenta que somos gallegos, españoles y europeos y que la realidad inmediata tiene que servir no como límite, sino como punto de partida para el conocimiento de otras realidades a las que también pertenecemos geográfica, cultural, social y económicamente. Se propone el impulso  de  una  Dimensión  Europea  de  la  Educación,  estrechamente  ligada  a  los valores, competencias y actitudes de ciudadanía europea.

1.5.1.8. Será parte fundamental de la actividad educativa el compromiso por la igualdad entre hombresy  mujeres  y  el  rechazo  a  cualquier  forma  de discriminación.  En  este  sentido  el  currículum  debe vaciarse de contenidos ideológicos, de carácter lingüístico, político o confesional.

1.5.1.9. Los centros han de contar con la autonomía suficiente para que, sin separarse del currículum común  establecido,  puedan  adaptarlo  a  las necesidades de  sus  alumnos,  a  las  peculiaridades  de  su entorno y a los medios materiales y personales disponibles.

1.5.1.10. Los criterios de admisión en centros públicos o sostenidos  con fondos públicos serán los mismos y rigurosamente controlados. La escolarización se basará en el principio de inclusión de todo el alumnado  en  centros  generales,  salvo  casos  excepcionales  en  los  que  no  pueda  garantizarse  la atención adecuada a necesidades muy específicas.   Para que esta inclusión   sea   positiva   deberá dotarse a los centros de los medios materiales y profesionales adecuados.

1.5.1.11. La relación de puestos de trabajo de los centros atenderá a que su oferta educativa se imparta con los debidos criterios de calidad, no a un simple cálculo numérico de horas lectivas. En el horario de los profesores ha de tenerse en cuenta que se incluyen otras tareas complementarias a las lectivas que también forman parte de su jornada laboral.

1.5.1.12. La dotación de recursos materiales ha de atender a la eficacia y la eficiencia, no a puros cálculos numéricos. Se aumentarán las partidas presupuestarias, cuando sea necesario, en educación e investigación,  en base a un examen riguroso de los proyectos  que se pretenden desarrollar.  El control de gasto e inversión de esas partidas será también muy riguroso.

1.5.1.13. El profesorado es el verdadero experto en materia educativa y por ello ha de hacerse un esfuerzo decidido por facilitar su formación continua, los proyectos de mejora e investigación docente y la  evaluación  formativa  de  su  trabajo.  Para  ello  contarán  con  la  colaboración  de  otros  agentes educativos, fundamentalmente de los servicios de inspección educativa que deben realizar un trabajo cooperativo no fiscalizador.

1.5.1.14. La gestión administrativa de centros educativos públicos se profesionalizará de forma que se reduzcan las labores burocráticas que actualmente son responsabilidad de los profesores. Se dotará a los centros de personal administrativo suficiente sin perjuicio de que se procure la centralización eficaz de los servicios.

1.5.1.15. La educación infantil abarca de 0 a 6 años y se garantizará la unidad de criterio y consideración integral de toda esta etapa. La administración deberá crear las plazas necesarias para atender a la demanda de las familias.

1.5.1.16. En educación primaria se reducirán contenidos, muy especialmente en el ciclo inicial, para centrar la enseñanza en los presupuestos fundamentales de cualquier aprendizaje posterior: dominio lectoescritor, comprensión y expresión- tanto orales como escritas-, razonamiento y cálculo básico.

1.5.1.17. Tratándose de una comunidad con dos lenguas oficiales, castellano y gallego, se reconocerá por ley el derecho a la escolarización  en la lengua elegida por la familia, sin perjuicio de que se asegure el aprendizaje de ambas incorporándolas como materia dentro del currículum. La elección de lengua vehicular por parte de las familias responde al justo reconocimiento de los derechos lingüísticos de los alumnos y garantiza un mejor aprendizaje, sin que suponga elección de contenido curricular.

1.5.1.18. Se potenciará el aprendizaje de las lenguas extranjeras, especialmente el inglés, dotando a los centros de los medios y el personal necesario, con una metodología que facilite su uso práctico sin detrimento del currículum de las otras materias.

1.5.1.19. Una adecuada atención a la diversidad es necesaria para asegurar que el alumnado alcanza esos presupuestos fundamentales. La atención a la diversidad se entenderá en su sentido amplio:

1.5.1.20.  Para   las   necesidades   educativas   especiales   (por   discapacidad   física   o   psíquica   o sobredotación)

1.5.1.21.  Para aquellos que necesiten atención por pertenecer a grupos desfavorecidos social, cultural o económicamente

1.5.1.22.  Para el conjunto del alumnado como atención continua y, tratándose de educación primaria, como atención preferente.

1.5.1.23.  Siendo la enseñanza gratuita para todos los ciudadanos, se garantizará la gratuidad de los libros de texto con un sistema preferentemente de préstamo. El material escolar también será gratuito en los casos que se regulen.

1.5.1.24. En educación secundaria y bachillerato hay que profundizar instructiva y científicamente en los contenidos  del  currículum  y  diversificar  y  reestructurar  la  oferta  educativa  de  forma  que  pueda adaptarse a los intereses y potencialidades del alumnado. Especialmente en estas etapas  se debe e intensificar  la  iniciación  profesional  para  aquellos  alumnos  que  no  deseen  ampliar  la  educación obligatoria.

1.5.1.25.  En educación secundaria y bachillerato deben superarse las desigualdades de oferta entre el medio rural y el urbano, mediante un conveniente apoyo didáctico y técnico.

1.5.1.25. Los centros de formación profesional atenderán especialmente a las ramas profesionales en las que la demanda empresial del entorno pueda ofrecer mayor nivel de empleo, cuantitativa y cualitativamente,  de acuerdo con las especialidades de la economía gallega.     Si es necesario se fusionarán o crearán centros de referencia de familias profesionales determinadas.

1.5.1.26. Se potenciarán las relaciones con las empresas para:

1.5.1.27.  Dar entrada a sus sugerencias, con carácter consultivo, para la elaboración de los currículos

1.5.1.28.  Ampliar la formación práctica del alumnado

1.5.1.29.  Mejorar las expectativas laborales de los alumnos una vez finalizados sus estudios.

1.5.1.30. Las enseñanzas  especiales  deben afianzar  su presencia  en la comunidad,  adecuarse  a la demanda real y tener en cuenta el nuevo marco económico y laboral.

1.5.1.31.  Las nuevas tecnologías deben incorporarse a los centros de enseñanza, como objeto de estudio y  como instrumento de aprendizaje, pero de forma gradual y razonada. La simple incorporación de estas tecnologías  a la enseñanza  no garantiza  el éxito educativo.  Son herramientas  de acceso  y creación cultural y como tal han de ser incorporadas, usadas y evaluadas.

1.5.1.32.  La universidad gallega debe optimizar su red de centros y titulaciones, evitando duplicidades y aumentando la coordinación con el resto de las universidades españolas y europeas de forma que se facilite la movilidad de estudiantes  y profesores en el acceso a los estudios universitarios y en el desempeño de las actividades profesionales de enseñanza o investigación.

1.5.1.33.  La reestructuración universitaria considerará la fusión de las tres universidades gallegas, de forma que se cree solo una y se especialicen los campus actuales, todo ello buscando una mejora en la dotación, en la competitividad y en la integración universitaria nacional e internacional.

1.5.1.34. Se crearán un sistema de becas y prést8amos de bajo o nulo interés que asegure la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior. Los criterios de consecución y mantenimiento de las becas han de ir ligados al nivel de la renta y a la dedicación y aprovechamiento de los estudios .

1.5.1.35.  Se modificará el sistema de gobierno universitario, de forma que aumente la transparencia en su desarrollo, en la gestión de los recursos y en los resultados obtenidos. Del mismo modo, la financiación estará ligada al control de los resultados en consonancia con los objetivos proyectados.

1.5.1.36.  La necesaria conexión entre la universidad y las empresas debe traducirse en un aumento de la colaboración  entre ambas, facilitando  las prácticas de los estudiantes  y aumentando  la aportación financiera empresarial de apoyo a la investigación específica. La actividad investigadora básica seguirá estando garantizada por la administración mediante fondos públicos.

1.5.1.37. Se mejorarán los procesos y los sistemas de gestión de las universidades para un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, esto es: que el personal docente e investigador pueda dedicar el tiempo y atención necesaria a sus labores docentes e investigadoras y que pueda obtenerse un mejor aprovechamiento del trabajo del personal de administración y servicios. Esto redundará en una universidad más ágil en sus procesos, que ofrezca una enseñanza de calidad, y en la que sus grupos de investigación alcancen un mejor posicionamiento nacional e internacional.

1.5.1.38. Se reforzará el papel de las universidades en la creación de empresas y de empleo: alentarán y apoyarán  el  espíritu  emprendedor  de  los estudiantes  desde  el  primer  curso  y  contarán  con  más recursos  (talleres  formativos,  viveros,  mentores,  investigadores,  unidades  de orientación)  y más  y mejores acuerdos de prácticas en empresas.

1.5.2.Cultura.

1.5.2.1. Durante  las  últimas  décadas  los  poderes  públicos  han  utilizado  la  palabra  cultura  para denominar cosas que son mero espectáculo, entretenimiento y, en el peor de los casos, edificios y envoltorios vacíos de contenido a los que hay que destinar una ingente cantidad de recursos solo para su mantenimiento.

1.5.2.2. En Unión Progreso y Democracia entendemos la cultura con una doble vertiente. Como un medio para entender y explicar nuestro entorno y nuestra propia existencia y como una industria capaz de generar riqueza económica en un mundo en el que el valor de las ideas y la creación cultural están en alza.

1.5.2.3. Otra característica fundamental que debe tener la cultura es la independencia del poder, por lo que tomaremos medidas que despojen a los políticos de la posibilidad de manipulación de la creación cultural. En Unión Progreso y Democracia pensamos que la cultura se convierte en propaganda en cuanto depende del poder.

La cultura como vía del conocimiento:

1.5.2.4. Eliminando las subvenciones públicas a espectáculos y festejos que no cumplen ninguna de las dos funciones antes citadas podemos destinar recursos a fomentar el conocimiento de las artes y de la cultura entre los ciudadanos, especialmente entre los niños y jóvenes mediante actividades que, en colaboración con los entes locales, se conviertan en una prolongación de las actividades educativas.

1.5.2.5. Desarrollaremos  una política  que fomente  no sólo la asistencia  como espectador  a actos culturales sino también la práctica activa de los ciudadanos.

1.5.2.6. Prestaremos la máxima atención a la conservación y difusión del patrimonio histórico, tanto material como inmaterial, como el mejor legado que nos han dejado las generaciones precedentes.

1.5.2.7. Defenderemos que los topónimos de Galicia puedan expresarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad, en función del idioma que se esté usando. Propondremos las modificaciones legales necesarias para ello.

La cultura como industria

1.5.2.8. En la era actual, en la que las ideas y diseños originales son un gran factor de competitividad, creemos  que  las  llamadas  industrias  culturales deben  constituir  una  parte  importante  del  tejido productivo gallego.

1.5.2.9. En las dos últimas décadas la política de la Xunta de Galicia ha sido la de dar subvenciones a fondo perdido a la producción cultural. Esto ha provocado que la administración  carezca  de  mecanismos  para  retornar  las  inversiones  realizadas  y  ha  propiciado prácticas corruptas y viciadas que han convertido la obtención de las ayudas públicas en el único objetivo de algunas producciones.

1.5.2.10. Nosotros propiciaremos una política con dos líneas de actuación, una de apoyo a la difusión y exportación de los productos culturales, -así como ayuda a la captación de recursos financieros en el exterior-, y otra de apoyo a la fase de desarrollo y generación de ideas de esos productos culturales (lo que podríamos considerar el I + D de esta industria). Asimismo, consideramos fundamental   la investigación en nuevas formas de comercialización a través de las nuevas tecnologías.

1.5.2.11. Propondremos  que las líneas  de ayudas  al sector  sean independientes  de la temática,  el contenido y el idioma de las creaciones culturales, -sobreentendido siempre el respeto a los valores y derechos  democráticos  fundamentales-,  ya que pensamos  que esa  decisión  debe  pertenecer  a la libertad del creador o promotor privado.

1.5.2.12.En cuanto a la Compañía de Radio y Televisión de Galicia proponemos:

1.5.2.13. Despolitización del nombramiento de su Director General, modificando la norma actual según la cual depende del Gobierno de la Xunta. Asimismo, no se vinculará el mandato del Director General al periodo de la legislatura.

1.5.2.14. Profesionalizar los órganos de gestión y dirección de CRTVG, y extremar los mecanismos de control para incrementar la objetividad de las cadenas públicas.

1.5.2.15. Racionalización  de  los  recursos  de  los  medios  de  comunicación  pública,  fomentando  la producción propia y restringiendo la contratación de programas a empresas externas.

1.5.3. Deporte.

1.5.3.1.   La práctica del deporte y la educación física, como derecho constitucional, ha de realizarse bajo el impulso y la tutela de la Administración, alcanzando a todas las capas y grupos sociales y haciendo un mayor esfuerzo en aquellas más sensibles – como los niños en edad escolar, jóvenes, mayores y personas con discapacidad-, con el fin de desarrollar sus capacidades físicas, intelectuales y sociales.

1.5.3.2.  La creación de hábitos de vida saludables, el establecimiento de objetivos comunes al grupo en el caso de los deportes colectivos, la cultura del esfuerzo, el desarrollo integral del ser humano, son algunas de las características que la práctica deportiva ofrece y  que la Administración ha de dinamizar
y gestionar.

1.5.3.3.  Con estas premisas UPyD hace las siguientes propuestas:

1.5.3.4.  Gestión directa, por parte de la Administración,  de las instalaciones  deportivas públicas con estrictos  controles  de exigencia  profesional  así como dotación  de una función  dinamizadora  de la actividad física en sus áreas de influencia.

1.5.3.5.  Potenciación y regulación del Deporte Escolar dentro de un marco asociativo que englobe a las AMPAS el cual, en la actualidad, dista mucho de lo que significó para la comunidad escolar.

1.5.3.6.  Regular,  controlar  y  supervisar  desde  la  Administración  la  actividad  de  los  monitores  y entrenadores que realizan sus funciones dentro del ámbito escolar. Es especialmente en la etapa de formación y en el deporte de base el momento en el que se cimientan los beneficios de los hábitos y actitudes de la práctica deportiva.

1.5.3.7.  Creación  de  la  figura  del  “Potenciador  deportivo”  en  los  centros  educativos  con  el  fin  de encauzar la actividad física de los niños fuera del horario escolar derivándolos a clubes según sus necesidades y aptitudes. La actuación del “Potenciador deportivo” no se circunscribirá únicamente a las etapas tempranas pues es en los ciclos de educación secundaria y bachillerato en los que se produce una mayor tasa de abandono de la actividad deportiva.

1.5.3.8.  Crear la “Ficha de salud deportiva” en convenio con el SERGAS y establecer un protocolo de reconocimiento médico básico en las consultas de atención primaria, con el fin de evitar los episodios graves que se puedan manifestar en una práctica deportiva descontrolada.

1.5.3.9.  Establecer bonificaciones o exenciones a aquellas empresas patrocinadoras de la Fundación Deporte Galego así como regular una Ley de Patrocinios Deportivos.

1.5.3.10.  En  colaboración  con  el  INEF  Galicia  y  los  centros  de  tecnificación  deportiva  existentes, potenciar la organización de eventos como conferencias, congresos, simposios, etc. a fin de convertir a nuestra comunidad en un referente en el sector.

1.5.3.11.  Fomentar la actividad deportiva no competitiva de forma continuada, tanto aprovechando las posibilidades del medio natural como las de los entornos urbanos.

1.5.4.  Sanidad y asuntos sociales.

1.5.4.1.  Sin duda uno de los mayores logros en la reciente historia española ha sido la implantación de un sistema sanitario de cobertura universal  y de financiación  pública, basado en los principios  de equidad, gratuidad y calidad, que se ha consolidado a lo largo de los últimos 30 años.   Durante este periodo  se  ha mejorado  paulatinamente  el nivel  de  las  prestaciones  sanitarias,  la red  de  centros asistenciales, los programas de salud pública y la calidad de los servicios prestados.

1.5.4.2.  Las transferencias en materia sanitaria tras la Ley General de Sanidad de 1986 supuso la configuración  del Sistema  Nacional  de Salud (SNS)  tal como ahora lo conocemos.  Este hito, que supuso un avance muy importante para el acercamiento de un servicio esencial para el ciudadano, se ha visto acompañado por nuevos retos que ponen en riesgo su viabilidad a largo plazo. Estos retos son  de  muy  diversa  índole,  entre  ellos  aspectos  demográficos,  tecnológicos, organizativos  y  de gestión, en especial los de carácter financiero, debido a la acusada caída de ingresos públicos que ha supuesto la crisis económica, junto con el constante incremento del gasto sanitario. Estos factores están indudablemente relacionados entre sí y se han conjugado para confluir en el tiempo y acrecentar los riesgos a los que nos enfrentamos.

1.5.4.3.  En este contexto se evidencia un grave problema del sistema sanitario español y autonómico, que se arrastra desde hace muchos años y no se ha logrado atajar pese a la estabilidad del sistema democrático y la alternancia en el poder y es que los responsables de gestionar empresas sanitarias que manejan enormes presupuestos, sean nombrados según criterios de afinidad política en lugar de por criterios técnicos y de acuerdo a los principios de mérito y capacidad. Otro problema es la falta de continuidad en la gestión y los vaivenes que se producen como consecuencia de los cambios políticos. Por tanto se hace preciso y urgente profesionalizar la gestión sanitaria.

1.5.4.4.  Partiendo del convencimiento de que Galicia cuenta con un sistema sanitario de calidad que tenemos la obligación de preservar, Unión Progreso y Democracia entiende que es necesario adoptar todas las medidas que sean precisas para garantizar su calidad y su viabilidad futura. Para ello es imprescindible analizar y conocer la situación actual, identificar los factores que ponen en riesgo su sostenibilidad y abordar los cambios necesarios.

1.5.4.5.  Sin embargo, nuestro sistema público de salud cuenta con importantes debilidades que pueden impedir su mantenimiento futuro tal como hoy lo conocemos. A continuación se relacionan los más importantes, clasificados por su naturaleza:

1.5.4.6. Demográficos: Galicia es una región especialmente envejecida. Esta tendencia provoca una mayor presión sobre el gasto público, dado que el coste sanitario medio de las personas entre 65 a 74 años es 5 veces mayor que la media, y el correspondiente a los mayores de 75 es 6 veces más. Por otro lado, la complicada orografía y la dispersión poblacional son también elementos que tienden a incrementar el coste de la atención sanitaria.

1.5.4.7. Sobreutilización de los recursos sanitarios: La elevada frecuentación, el aumento paulatino del consumo de fármacos (el 70% del consumo se concentra en población mayor de 65 años que apenas aporta el 5-10% del gasto farmacéutico) y la medicalización de diversos problemas.

1.5.4.8.  Gestión de los Recursos Humanos:

1.5.4.9. La  ausencia  de  una    política  salarial    y  profesional  homogénea  y coordinada  a  nivel nacional    provoca    una    competencia    entre   las CCAA por los profesionales, así como incentivos perversos a la igualación continua de retribuciones y mayores dificultades para la movilidad de los profesionales entre CCAA.

1.5.4.10. El elevado gasto que supone el absentismo laboral, bajas y ausencias de diversa índole (el 43% del dinero que la Xunta se reservó para emergencias o imprevistos durante todo el año se ha tenido que dedicar a pagar sustituciones de trabajadores sanitarios durante cinco meses).

1.5.4.11. La excesiva burocratización de las consultas y la deficiente definición de tareas de cada grupo profesional tiende a incrementar las listas de  espera y  reduce el  tiempo  efectivo  por  paciente  (el 30%  del tiempo del facultativo se destina a este tipo de tareas).

1.5.4.12.  Excesivo  peso  de la  interinidad  en determinados  profesionales

1.5.4.13.  NNLas   dificultades   de   diálogo   y  entendimiento  entre   los   responsables   sanitarios   y  los profesionales dificultan la puesta en marcha de medidas correctoras.

1.5.4.14.  Descentralización: sin olvidar los positivos aspectos que ésta ha tenido, se confirma que se ha hecho sin la adecuada coordinación con la Administración General del Estado, lo que genera riesgos de pérdidas de equidad, falta de transparencia e información de los sistemas de salud autonómicos, así como de economías de escala derivadas de la cooperación en asuntos como las compras, la gestión del personal, etc.

1.5.4.15.  Una red de Atención Primaria con una insuficiente capacidad resolutiva: se trata de la “puerta de entrada” al   sistema, que si se potenciara debería permitir mejorar la atención al ciudadano y rebajar la presión asistencial sobre la atención especializada, ahorrando al mismo tiempo costes al sistema.

1.5.4.16.  Redes sanitarias: Los importantes esfuerzos por incrementar la accesibilidad de los usuarios a los servicios han tenido sin duda efectos positivos sobre el bienestar de los ciudadanos, pero al mismo tiempo ha propiciado una tendencia incremental del coste difícilmente sostenible, lo que unido a la actual crisis económica obliga a replantear una equilibrio entre accesibilidad y gasto sanitario.

1.5.4.17.  Oferta sanitaria global: la ausencia de una cartera definida de servicios común a todas las CCAA genera el riesgo de incrementar el gasto por la vía competitiva y de romper la equidad entre ciudadanos. Por otra parte, es necesario adecuarla a la capacidad real de prestarla y ponerle un límite sobre la base de criterios científicos.

1.5.4.18.  Medicamentos y productos sanitarios:

1.5.4.19.  Insuficiente    penetración   de   las   medidas   de   uso   racional   de medicamentos (uso de principio activo, genéricos o medidas similares). Falta de concienciación del coste farmacéutico por parte del usuario.

1.5.4.20.   Falta  de  coordinación  suficiente  entre  Atención  Especializada  y Primaria, lo  que tiende a elevar la frecuentación y dificulta un mejor control en el consumo de fármacos, pruebas diagnósticas, interconsultas, etc.

1.5.4.21.  Nuevas tecnologías:

1.5.4.22.  El gasto creciente que se deriva de los avances en nuevas    tecnologías     no    siempre     se corresponde     con     un     beneficio equivalente en términos de salud. Por ello es preciso realizar un riguroso análisis coste-beneficio de tales avances, equivalente en todos los casos para todo el territorio nacional a través de órganos de evaluación, y en el caso de los sistemas de tratamiento, sobre la base de evidencias científicas.

1.5.4.23.  Los sistemas con beneficios evidentes en términos de salud y de eficacia, se adaptarán sin demoras innecesarias.

1.5.4.24.  Punto de partida

1.5.4.25.  El punto de partida a partir del cual Unión, Progreso y Democracia en Galicia ha desarrollado sus propuestas de reforma para garantizar la sostenibilidad del sistema público sanitario son urgentes y deben ser de un doble alcance, nacional y de autonómico. Por una parte, el grave reto planteado es un desafío común para todas las CCAA, y ninguna de ellas podrá resolverlo de forma aislada, lo que requiere la adopción de medidas de ámbito nacional y el reconocimiento de que el sistema gallego de salud no es sostenible si no es integrado en un sistema sanitario nacional. Fundamentalmente porque los elementos relevantes sobre los cuales es preciso actuar para garantizar su supervivencia requieren de una política de Estado. No obstante, cada Comunidad Autónoma cuenta con sus propias especificidades,   lo   que   implica   la   necesidad   de   definir   soluciones   y   medidas   particulares complementarias a las anteriores, que lógicamente han de ser coherentes con las estrategias implementadas a nivel nacional.

1.5.4.26.  El principio básico que guía la propuesta de reforma es el siguiente:

1.5.4.27.    Preservar la Sanidad    pública    y    su calidad asistencial. Para ello se han de combinar la centralización de factores esenciales con la descentralización y la autonomía de gestión.

1.5.4.28.  Par ello desde Unión Progreso y Democracia Galicia se proponen los siguientes puntos:

1.5.4.29.  Profesionalización de los gestores, con el fin de evitar que el proyecto sanitario sufra continuos cambios y vaivenes, dependiendo del color político del gobierno en curso

1.5.4.30.   Tarjeta sanitaria única en toda España.

1.5.4.31.   Homogeneización de los sistemas informáticos, de forma que permitan el acceso a los datos en cualquier punto que el paciente solicite asistencia.

1.5.4.32.  Cartera    de servicios general de la Consejería de Sanidad para asegurar la igualdad en la asistencia.

1.5.4.33.  Homogeneizar la cartera de servicios en todas las áreas sanitarias, teniendo en cuenta la demanda real en cada especialidad  y las recomendaciones  de demanda mínima que permita una atención de excelencia.

1.5.4.34.  Asegurar el acceso de todos los usuarios a las prestaciones de la cartera de servicios

1.5.4.35. Implantación de una planificación de personal única a nivel nacional y unos acuerdos sobre la gestión en aspectos esenciales (política salarial,   carrera profesional, ofertas  públicas   de empleo, criterios de aplicación en procesos selectivos y de movilidad, etc) que se adapten a las necesidades sanitarias de la población y a las capacidades financieras de todas las Administraciones  Públicas, acordados en él.

1.5.4.36.  Consejo Interterritorial de Salud, en el cual el Estado tendrá capacidad de decisión, como fase previa a la recuperación de esta competencia por parte de Estado.

1.5.4.37.  Establecimiento  de sistemas retributivos y de carrera profesional equivalentes en todas las CCAA, así como de fórmulas de autogestión que den un mayor protagonismo a los profesionales y refuercen su ya importante compromiso con el sistema.

1.5.4.38.  Recuperación de las vías de diálogo entre los responsables sanitarios y los profesionales, como mecanismo fundamental para el buen funcionamiento del sistema.

1.5.4.39.  Reducción de la carga de trabajo de naturaleza burocrática que recae sobre los profesionales sanitarios.

1.5.4.40. Definición de un claro mapa de competencias  para las diferentes categorías profesionales acorde con su formación y capacitación, y coherente con las necesidades organizativas que permita una racionalización de los recursos y una mayor disponibilidad efectiva de profesionales.

1.5.4.41. Limitación de la creciente especialización profesional, con el fin de facilitar la flexibilidad en la gestión de los recursos humanos y reducir el coste global de personal.

1.5.4.42.  Implantación de un sistema nacional único de acreditación de profesionales y centros sanitarios

1.5.4.43. Realización   periódica   de  Ofertas   Públicas   de  Empleo   para  reducir    la interinidad, que deberá  valorar  adecuadamente  la  experiencia  adquirida  y  los  méritos acumulados,  así como  de procesos de movilidad.

1.5.4.44. Plan de gestión de recursos económico1s4, estructurales y humanos transparente, que permita la adecuada asignación de los mismos en todos los ámbitos de actuación, con la mayor eficiencia y que asegure la supervivencia del sistema de salud público.

1.5.4.45.  Asegurar  un  modelo  de  sanidad  público  de  excelencia,  contemplando  alianzas puntuales complementarias con la sanidad privada, siempre con contratación pública transparente y con control de calidad de resultados

1.5.4.46.  Favorecer     la     participación     de     las     Mutuas     de     Accidentes     de     Trabajo,     en colaboración con el Servicio Gallego de Salud, con el objetivo de desarrollar criterios de modernización en los ámbitos social, sanitario y laboral – redes asistenciales, recursos humanos, etc

1.5.4.47.  Tenemos el pleno convencimiento de que la Atención Primaria es la base de la sanidad. Una atención primaria de calidad, con sus funciones de educación sanitaria de la población, prevención y tratamiento,  mejoraría el resto de la sanidad, al     filtrar y descargar     la atención especializada  y hospitalaria,  así  como  el  control  del  paciente  y  su tratamiento.  Una  buena  red  de  Atención Primaría  permite,  además,  gran ahorro  en la atención  especializada  y hospitalaria,  que es donde actualmente se sustenta la sanidad, por ello creemos necesario incidir sobre los siguientes puntos:

-Adecuación de la plantilla en los centros de salud, imprescindible para una atención correcta al paciente. Proveer a centros de salud y hospitales con el personal necesario para la asistencia, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS.

-Mejorar la dotación de las consultas de Urgencia de los centros de salud para que sean más resolutivos y conseguir que disminuya el porcentaje de pacientes vistos en Urgencias de los hospitales que no precisan ingreso.

-Promover la autonomía de gestión de los centros o las zonas.

1.5.4.48.  Impulsar la creación de unidades para la atención domiciliaria, fundamentalmente dirigidas a pacientes crónicos y terminales con especial atención a pacientes ancianos y oncológicos.

1.5.4.49.  Exigiremos  transparencia  total  en las  listas  de espera.  UPyD  defenderá  la equidad  en las prestaciones  sanitarias  de  todos  los  gallegos.  Se  fomentará  una política racional  para  acercar  los medios materiales y humanos a los ciudadanos. Se aplicarán medidas políticas encaminadas a igualar los niveles asistenciales de todos los ciudadanos: allí donde haya mayores listas de espera, el Sergas dedicará más medios humanos y materiales para corregirlo.

1.5.4.50.  Con el objetivo  de tener una sanidad  pública  de calidad,  se deberá  mejorar  la política  de contrataciones y retribuciones, escuchando a los colectivos y asociaciones profesionales y actuando con diligencia en la consecución de mejoras.

1.5.4.51.  Incrementar el número de camas disponibles para la atención a pacientes crónicos de larga estancia, incidiendo en la eficiencia y adecuada gestión para asegurar la sostenibilidad del servicio y calidad asistencial.

1.5.4.52. Los servicios sociales contribuyen activamente al progreso de nuestra sociedad, no sólo por los objetivos que les son propios, sino también por su capacidad para la creación de puestos de trabajo, más aún con la implantación del Sistema para la Atención a la Dependencia. El concepto de gasto social  debe  ser  sustituido  por  el  de  “inversión  social”,  porque  sólo  así  podrán  aflorar  nuevas oportunidades de desarrollo, tan necesarias para superar la crisis con un nuevo modelo productivo. Consideramos necesario distinguir entre discapacidad y dependencia, promoviendo planes concretos para cada uno de los colectivos. Nuestra formación, apuesta además decididamente por la promoción de la Autonomía Personal  y la permanencia1e5n  el entorno familiar,  para lo que es imprescindible garantizar:  las  ayudas  técnicas  necesarias,  la  ayuda  a  domicilio  y  la  promoción  de  la  Asistencia

Personal

1.5.4.53.  Promover nuevas medidas de inserción laboral con el objetivo de mejorar la visibilidad de las personas que conviven con una discapacidad, revisando el catálogo de ayudas e incentivos al empleo ordinario, centros especiales de empleo y empleo autónomo, servicios de orientación y asesoramiento al empresario, etc.

1.5.4.54.  Garantizar la suficiencia financiera del Sistema de Atención a la Dependencia, asegurando las cargas de las diferentes administraciones implicadas y marcando unos criterios objetivos de reparto en las aportaciones, que no sean fuente de desigualdad entre los ciudadanos por razón de residencia.

1.5.4.55. Impulsar el reconocimiento de la figura del Asistente Personal; delimitando sus funciones y creando  un  perfil  profesional  y  académico;  así  como  los  cambios  legales necesarios  para  su implantación.

1.5.4.56. Apostar decididamente por la creación de plazas residenciales públicas de gestión directa y ampliar   la  cobertura   de  centros   de  día,   atención   domiciliaria   y teleasistencia.   Asimismo   es imprescindible  suscribir conciertos con entidades privadas acreditadas que complementen  la oferta pública, y aumentar la colaboración entre las distintas administraciones involucradas

1.5.4.57.  Actuaciones    sobre   los   usuarios,   especialmente    relacionadas    con   la sensibilización y concienciación de la población sobre el uso responsable de medicamentos y educación para la salud (medicina preventiva), sobre el coste real de cada medicamento y la parte cubierta por el Sistema de Salud, etc. En este ámbito es necesario reflexionar sobre la equidad y la eficacia del actual sistema de copago farmacéutico

1.5.4.58.  En definitiva, Unión, Progreso y Democracia plantea un conjunto de reformas en el sistema sanitario  público  gallego  y  nacional  que  tiene  como  ejes  fundamentales,  en  primer  lugar,  la coordinación estatal en determinados ámbitos, fundamentales para la supervivencia del sistema, como paso previo a la recuperación de competencias por parte del Estado, y en segundo lugar, la búsqueda de la mayor eficiencia posible de la dotación de recursos con que cuenta el sistema mediante medidas de  ámbito  tanto  estatal  como autonómico  que  hagan  compatible  la  calidad,  la  equidad  y  el mantenimiento de las prestaciones con su viabilidad financiera.

1.5.5. Discapacidad.

1.5.5.1. Adoptar medidas que acaben con las diferencias entre CC AA, provincias y ayuntamientos en las normativa, prestación y atención a las personas con discapacidad, así como arbitrar medidas eficaces para el control del gasto y del cumplimiento de los objetivos.

1.5.5.2. Equiparación en los servicios existentes en transporte, sanidad, educación entre los residentes en el medio rural y los de las grandes ciudades.

1.5.5.3. El desarrollo de un plan de sensibilización de la sociedad con las personas con discapacidad que contemple, entre otras medidas, la creación de puestos de empleo para este colectivo dentro del organigrama de las federaciones, bibliotecas, organismos de turismo, ayuntamientos y recepción de servicios públicos.

1.5.5.4. Desarrollo de políticas de vivienda que faciliten a las personas con discapacidad física o sensorial el acceso a viviendas accesibles. En el caso de las personas con discapacidad intelectual o problemas de salud mental, desarrollo de programas que promuevan la autonomía personal y la emancipación en pisos compartidos en los que contarán con apoyo social.

1.5.5.5. Creación de una Oficina Única de Atención al Personas con discapacidad que informe y oriente a los usuarios sobre los servicios de valoración del grado de discapacidad y de dependencia, prestaciones y servicios ayudas técnicas y ortoprotésicas, etc. Esta oficina contará también con un Servicio de Intermediación Laboral, en el que se informe de las posibilidades de formación y empleo, que será una herramienta eficaz para la inserción laboral.

1.5.5.6. Promover servicios de asesoramiento destinados a las empresas, sobre todo a las PYMES, así como la elaboración de guías de orientación que ayuden a sensibilizar al empresario.

1.5.5.7. Intensificar las inspecciones con el fin de hacer cumplir la cuota de reserva del 2% para personas con discapacidad en las empresas con más de 50 empleados.

1.5.5.8. Prohibir por Ley que puedan contratar con el sector público o que puedan recibir subvenciones las empresas que, estando obligadas, incumplan la cuota de reserva del 2%.

1.5.5.9. Respecto a la accesibilidad de las personas con discapacidad, consideramos imprescindible que se vigile el cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas en la edificación, en los medios de transporte y en la comunicación.

1.5.5.10. Aplicación de la normativa legal en materia de inclusión, con el fin de superar las barreras existentes y poder acercar las TICs a las personas con discapacidad, impulsando que el diseño de las herramientas de las nuevas tecnologías se hagan pensando también en ellas.

1.5.11. Hacer partícipes a las personas con discapacidad y a sus organizaciones representativas del estudio, la propuesta de soluciones, la planificación y el seguimiento de todas las políticas destinadas al colectivo.

1.5.5.12.  Respecto a la accesibilidad de las personas con discapacidad, consideramos imprescindible que se vigile el cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas en la edificación, en los medios de transporte y en la comunicación.

1.5.5.13.  Aplicación de la normativa legal en materia de inclusión, con el fin de superar las barreras existentes y poder acercar las TICs a las personas con discapacidad, impulsando que el diseño de las herramientas de las nuevas tecnologías se hagan pensando también en ellas.

1.5.5.14.  Instaurar políticas de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales  y psíquicos  a quienes  se tendrá  que prestar  la atención especializada  que requieran. Asimismo,  considerar  que  la  última  decisión  sobre  la  capacidad  y  empleo  de  la  persona  con discapacidad  está  en  manos  del  tribunal  médico, impidiendo  la  discrecionalidad  por  parte  del empleador.

1.5.6. Atención a la dependencia.

1.5.6.1. Garantizar la suficiencia financiera del Sistema de Atención a la Dependencia, vinculando ésta al nuevo modelo de financiación autonómica y local, asegurando las cargas de las diferentes administraciones implicadas y estableciendo criterios objetivos de reparto en las aportaciones, de modo que no sean fuente de desigualdad entre los ciudadanos por razón de residencia.

1.5.6.2. Homogeneización de las prestaciones y servicios, a través de un Catálogo Común de Prestaciones Básicas, con el objetivo de garantizar la igualdad de los ciudadanos en todas las Comunidades Autónomas.

1.5.6.3.  Reconocimiento de la figura del Asistente Personal, delimitando sus funciones y creando un perfil profesional, y creación de Centros de Vida Independiente, con financiación pública, pero gestionados por colectivos de personas con discapacidad.

1.5.6.4.  Las prestaciones deben orientarse a la n1e7cesidad real de los beneficiarios, a la promoción de la autonomía y la vida independiente y priorizar las prestaciones de servicios a las económicas.

1.5.6.5.  Establecimiento de un sistema de valoración   de  la  calidad   en  la  prestación   de todos   los servicios a la dependencia.

1.5.7.  Ley de Custodia Compartida

1.5.7.1.  Aunque UPyD propone una Legislación Unificada para todo el Estado, proponemos que Galicia se sume ya a las Comunidades que han incorporado esa Ley.

1.5.7.2.  La Ley de Custodia Compartida desarrollará:

1.5.7.3.  La custodia compartida de los hijos menores por ambos progenitores como opción preferente en separaciones y divorcios, de modo que la custodia exclusiva sea excepcional.

1.5.7.4.  El principio del interés superior del menor a continuar su vida cotidiana y su educación con ambos progenitores y con sus respectivas familias.

1.5.7.5.  La responsabilidad compartida de ambos progenitores o coparentalidad, con la búsqueda de acuerdos en beneficio del menor y optando por la mediación frente al conflicto para desjudicializar al máximo los procesos de separación y divorcio.

1.5.8.  Fusión de Municipios y desaparición de Diputaciones.

1.5.8.1.  UPyD defiende la fusión de municipios con reducido número de habitantes, por la eficiencia y el ahorro derivados, lo que permitirá acercar a muchos ciudadanos servicios esenciales. UPyD propone realizar un estudio que muestre la situación actual de los municipios de la Comunidad y avanzar en las fusiones municipales, dentro de un plan coherente de cumplimiento obligatorio que favorezca la igualdad de todos los gallegos independientemente del lugar de residencia.

1.5.8.2.  UPyD  es partidaria  la supresión  de las Diputaciones  pero, al requerir  esta medida  de una reforma constitucional, propone transformarlas en entidades técnicas y despolitizadas, que impidan su utilización como medios para tejer mallas clientelares que imposibilitan el desarrollo racional de Galicia.

1.5.9.  Desarrollo rural.

1.5.9.1.  En la actualidad, casi todas las zonas rurales comparten problemas comunes: la distancia física y social, la separación entre lo rural y lo urbano, las presiones sobre el medio ambiente hacen que asistamos  a  un  nuevo  proceso  de  ruralización  en  el  que  es  fundamental  que  se  amplíen  las posibilidades de este entorno. El mundo rural no puede ser ajeno al diseño y desarrollo de la mayoría de los servicios de que disponen las grandes ciudades, ya que juegan un importante papel de gestión de los recursos  naturales,  del uso de las tierras, de la configuración  del paisaje o  del patrimonio cultural. Las familias, y más en concreto las mujeres rurales, están contribuyendo al necesario diseño del nuevo modelo de sociedad rural, más moderno y solidario; un modelo que posibilite la progresiva implantación de personas que apuestan por nuevas formas alternativas de desarrollo, más allá del tradicional componente agrario. Por ello, nos comprometemos a:

1.5.9.2.  Elaborar un Plan de Acción que facilite la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, fomentando medidas de igualdad de oportunidades destinadas a potenciar la corresponsabilidad, el reparto de tareas y el disfrute de los mismos derechos.

1.5.9.3.  Fortalecer  el  tejido  asociativo,  especialmente    el  de  los  jóvenes  y  emprendedores,  como espacio de participación, de intercambio y de promoción del medio rural.

1.5.9.4.  Ampliar las posibilidades de promoción e inserción laboral, haciendo especial hincapié en el trabajo por cuenta propia y en los nuevos nichos de desarrollo económico.

1.5.9.5.  Potenciar la red de servicios necesarios para el mundo rural.

1.5.9.6.  Impulsar el reconocimiento legal y remunerado  del  trabajo en el sector agrario, con reconocimiento de todos los derechos laborales.

1.5.9.7.  Potenciar la titularidad y cotitularidad de las explotaciones agrarias como base de la economía familiar

1.5.9.8. Apostar por la formación técnica permanente como forma de contribuir al desarrollo personal, profesional y económico de las personas que trabajan en el sector Ganadero.

1.5.9.9.  Fomentar la igualdad de oportunidades en el acceso del mundo rural a las tecnologías de la información, la comunicación y a los servicios de una sociedad moderna y avanzada. Para ello, las instituciones deben lanzar un plan que haga llegar de una manera efectiva a los núcleos rurales estas tecnologías.

1.5.9.10. Impulsar y apoyar las explotaciones familiares como motor y elemento básico de consolidación de nuestro   sector, proponiendo la creación de industrias por parte de nuestros ganaderos mediante cooperativas.

1.5.9.11. Promoveremos  la incorporación  de  jóvenes  a la  actividad  agraria  y el crecimiento  de los sectores secundario y terciario en el rural para frenar el abandono del campo y el envejecimiento de la población rural, así como para facilitar el relevo generacional.

1.5.9.12. Colaboraremos  en  la  elaboración  de  una  estrategia  estatal  y  fomentaremos  la internacionalización del sector Lácteo  para poder exportar nuestros productos.

1.5.9.13.  Defenderemos los intereses de los gallegos en cuanto a la asignación de cuotas por la Unión Europea.

1.5.9.14.  Impulsar campañas de apoyo al producto gallego en cuanto a su divulgación y comercialización.

1.5.10. Pesca

1.5.10.1. Creación y gestión de reservas pesqueras, protección de hábitats sensibles y establecimiento de medidas  de  desarrollo pesquero basadas en el ecosistema, en planes de recuperación y en la aplicación del principio de.precaución.

1.5.10.2.  Recuperación de los caladeros nacionales.

1.5.10.3. Defender el sector pesquero  y marisquero contra los recortes que está sufriendo a causa de las   políticas   que   realizan   el   gobierno   central   y   autonómico   en   Europa,  que   permiten   el desmantelamiento de nuestra flota y la aceptación de cuotas de pesca perjudiciales para la comunidad.

1.5.10.4. Acabar con la política de permisividad de la comercialización fuera de lonja de productos gulada. pesqueros, erradicando la venta directa no re

1.5.10.5. Exigir una acción decida en la vigilancia, que impida el furtivismo en el marisqueo.

1.5.10.6. Adoptar medidas que conlleven un mayor control de precios y de la cadena de comercialización del pescado fresco por parte de los pescadores, favoreciendo la comercialización y distribución.

1.5.10.7.  Apoyar la adopción por parte de la flota pesquera gallega de sistemas de ahorro energético y de mejora de la eficiencia del esfuerzo pesquero y de la sostenibilidad, con especial atención a la minimización de capturas accidentales y descartes.

1.5.10.8.  Participar activamente y favorecer las políticas internacionales en materia de protección de especies comerciales en peligro, favoreciendo su regeneración.

1.5.10.9.  Planificar el desarrollo de la acuicultura con criterios ambientales estrictos, respetando los espacios naturales y los ecosistemas sensibles.

1.5.11. Industria y empleo.

1.5.11.1.  UPyD es consciente de que el potencial de la economía gallega se está viendo notablemente afectado  por  la  disminución  de  la  demanda  en  el conjunto  del  estado  y  por la  reducción  de  la financiación bancaria debido a la profunda crisis económica que llevamos sufriendo desde 2008. Las empresas gallegas dependen de esta financiación para mantener o aumentar su actividad, por tanto, la línea estratégica de UPyD se centra en incrementar la presencia en nuevos mercados y apoyar a las empresas  en  la  búsqueda  de  financiación ajena,  como  medio  para  reactivar  el  consumo  y crear puestos de trabajo dentro de una economía sostenible. Por lo tanto propone:

1.5.11.2.  Facilitar el acceso a la financiación de las empresas gallegas.

1.5.11.3.  Financiación  de  nuevos  proyectos  de  inversión  que  supongan  incremento  de  actividad  y creación de puestos de trabajo.

1.5.11.4.  Crear redes de contacto entre inversores y emprendedores favoreciendo la financiación propia en las sociedades gallegas.

1.5.11.5.  Apoyo a los principales sectores productivos gallegos.

1.5.11.6.  Facilitar  el  acceso  de  las  empresas  gallegas  mercados  de  difícil  acceso  como  son  las economías emergentes, con apoyo financiero y logístico.

1.5.11.7.  Exigencia de auditoría de cuentas independiente a las empresas que reciban ayuda pública a fondo perdido.

1.5.11.8. Defender la igualdad de oportunidades de las industrias gallegas con respecto a ayudas y restricciones provenientes de órganos nacionales y europeos, así como denunciar aquellas políticas que sitúen a nuestra comunidad autónoma en una situación de desventaja.

1.5.11.9. Promover una reforma de la política europea sobre construcción naval que permita a los astilleros gallegos producir en pie de igualdad con sus competidores.

1.5.11.9.  Vigilar el estricto cumplimiento del trabajo de los becarios de forma que las prácticas en las empresas sean realmente educativas, en vez de ser utilizados como mano de obra cuasi gratuita, para funciones nada formativas.

1.5.11.10 .   Regular  la apertura  de los establecimientos  comerciales  escuchando  a los implicados  y controlando la empleabilidad que genera esta medida si se decide ampliar horarios

1.5.11.11.  Simplificación de trámites burocráticos a la hora de crear nuevas empresas.

1.5.11.12.  Facilitar a las empresas la integración en las nuevas tecnologías.

1.5.11.13.  Permitir que las asociaciones representativas estén en la mesa de negociación de aquellos asuntos que afecten al sector autónomo.Incentivar la creación de empresas

1.5.11.14.  Creación de la tarjeta ORA para profesionales.

1.5.11.15. Promoción del empleo autónomo, dirigido en especial al autoempleo.

1.5.12. Urbanismo.

1.5.12.1. En Unión, Progreso y Democracia creemos que actualmente el urbanismo (más concretamente,  el  planeamiento  urbanístico)  se  encuentra  muy  alejado de  los  ciudadanos  y de  sus problemas. Nos encontramos ante un planeamiento urbanístico “de despacho” y de intereses políticos. Como todos sabemos, Galicia es una Comunidad en la que la ocupación y la propiedad del territorio es muy  diferente  a  la  del  resto  de  España.  En  Galicia,  apenas  existió  el latifundismo  y los  grandes terratenientes  que sí existían  en otras partes del Estado,  por lo tanto,  el medio rural siempre estuvo estructurado  en  torno al  minifundio,  que  hizo  que  la  tierra  estuviese  repartida entre   multitud   de propietarios. Sin embargo, el urbanismo que se practica en nuestra tierra es un urbanismo alejado de todos nosotros.

1.5.12.2. Partiendo de todo esto, UPyD propone:

1.5.12.3. Hacer un planeamiento urbanístico en contacto con los vecinos y propietarios de fincas, de tal forma que éstos también expresen sus opiniones y ayuden a encontrar la solución.

1.5.12.4. Que los servicios municipales de urbanismo dejen de depender de los alcaldes y sus corporaciones y se conviertan en órganos independientes gestionados desde la CC.AA. o el Estado.

1.5.12.5. Que se cree, a nivel nacional, un cuerpo de técnicos municipales independientes al que se acceda por procesos selectivos rigurosos.

1.5.12.6. Mejorar el funcionamiento de las normas y reglamentos de disciplina urbanística.

1.5.12.7. Redactar una legislación urbanística que, atendiendo al bien común, respete y defienda los derechos ciudadanos frente a la administración.

1.5.12.8. Predeterminar  por  el  legislador  y  la  planificación  territorial  aquellos  suelos  que,  por  su naturaleza, deban ser clasificados como especialmente protegidos, sin que pueda acometerse su reclasificación como suelo urbanizable únicamente por decisión local.

1.5.12.9. Introducir  conceptos  como  la  “capacidad  de  carga  del  territorio”  y  otros  relativos  a  las necesidades   sociales   en   materia   de vivienda,   con   el   fin   de   limitar   la clasificación del suelo urbanizable, evitando nuevos desarrollos incompatibles con las infraestructuras existentes. La menor afluencia de ingresos municipales derivada de esta política debe compensarse con un incremento en la eficiencia en la gestión de las Administraciones Públicas.

1.5.12.10. Establecer    una    moratoria    y    desclasificación    de    aquellos    crecimientos urbanísticos abusivos producidos en los últimos años que, de materializarse, supondrían un enorme riesgo para la evolución razonable y sensata de nuestro territorio.

1.5.12.11. Favoreceremos la implantación de las áreas metropolitanas siempre con carácter técnico y para prestación de servicios más eficientes, gestionadas de manera profesional, despolitizada y asegurando que no se duplican competencias.

1.5.12.11. Promover dentro de las políticas de diseño de ciudad:

-La   rehabilitación   de   viviendas   a   escala   urbana,   desde   una   perspectiva   integral, priorizando  la  eficiencia  energética  y  la  habitabilidad,   sin  que  se  circunscriba  a  los centros históricos.

-El respeto del Patrimonio, ya sea histórico, edificado, o paisajístico, prohibiendo la descatalogación  de  elementos  protegidos  por  causa  de  ruina  o  por  modificaciones  de los Planes Urbanísticos.

-El transporte  urbano colectivo no contaminante,  el uso de la bicicleta  como medio de transporte urbano y la prioridad del peatón en el diseño del espacio público. Prever las necesidades de espacio para aparcamiento y la circulación de automóviles sin que ello sea el condicionante principal del diseño urbano.

-La generalización en la edificación de criterios de eficiencia y ahorro energético.

- La implantación de nuevas tecnologías para la gestión eficiente de la ciudad, siempre y cuando estos sistemas tengan un coste-beneficio evidente.

1.5.13. Medio Ambiente.

1.5.13.1. Con  el  nacimiento  del  estado  de  las  autonomías,  en  concreto  desde  1982,  en  Galicia iniciábamos  un  proceso  de  vertebración  y  estructuración  territorial  que  garantizaba  la  igualdad  y cohesión social de todo el pueblo gallego independientemente de su lugar de residencia.

1.5.13.2.  Treinta años después, el cambio ha sido insuficiente, la desvertebración   y desestructuración territorial no ha cambiado y sigue fracturando esa cohesión social antaño soñada.

1.5.13.3.  La pérdida efectiva de competitividad, productividad y la consiguiente pérdida demográfica en aras de los núcleos más poblados, (tengamos en cuenta que el rural gallego constituye el 75% del territorio) hace que los costes energéticos por mantenimiento y reposición de infraestructuras se multipliquen, así como los riesgos de que nuevas obras sigan dañando el paraje natural gallego.

1.5.13.4. Nuestras propuestas, que avalan el desarrollo sostenible uniendo eficiencia sin el consecuente aumento de costes para la ciudadanía, son las siguientes.

1.5.13.5. Incrementar la presencia de la educación ambiental en el sistema educativo.

1.5.13.6.  Impulsar  una  línea  de  trabajo  directa  con  las  empresas  ofreciendo  incentivos  fiscales  y diseñando sistemas de gestión ambiental orientados por sectores productivos, así como planes de colaboración público-privado que permitan la eficiencia energética sin perjuicio de la producción y el rendimiento económico.

1.5.13.7.  Plan de desarrollo de energías renovables. Es necesaria una concienciación de la lucha activa contra las consecuencias de un cambio climático imparable. Siempre hemos apoyado un mix de producción energética acorde con las necesidades de cada país teniendo en cuenta circunstancias de índole geopolítico y poblacional. Consideramos que debido al enorme potencial eólico y marino de Galicia, se deben centrar los esfuerzos en el desarrollo de esas energías.

1.5.13.8. Plan  urbano  sostenible.     Planes  de ahorro  y eficiencia  en edificios  e instalaciones  de las administraciones públicas. Viviendas de protección oficial bioclimáticas de bajo consumo energético y racionalización del consumo de agua.

1.5.13.9.  Un nuevo Plan Forestal que proteja de verdad el bosque gallego y un incremento de las penas por delitos ecológicos, así como modificaciones severas en la ley del suelo para proteger el bosque quemado de la especulación urbanística (creemos en la recuperación natural y crearemos programas de recuperación).

1.5.13.10.   Debemos  crear hojas de ruta para recuperar  con planes específicos  el suelo y las aguas contaminadas de nuestra comunidad auditando todas aquellas áreas que hayan sido objeto de comportamientos irregulares por la actividad humana.

1.5.13.11.  Revisión  de  los  planes  de  ordenación  de  los espacios  naturales  protegidos,  así como  la ampliación de la Red Natura 2000.

1.5.13.12.   Adaptar la política de aguas a la directiva marco del agua de la Unión Europea. Comisión de seguimiento  de  las  obras  de  las  estaciones  depuradoras  que  siguen  sin funcionar  muchos  años después de su plazo de finalización. Queremos saber el sobrecoste de esas obras para los contribuyentes.

1.5.13.13.  En cuanto a la contaminación acústica, UPyD promoverá la mejora del control sobre el cumplimiento de las normas legales existentes y de la capacidad de denuncia de sus incumplimientos.

1.5.13.14. S e  e x i g i r á a todas las grandes empresas un plan de emergencia y evacuación en caso de accidente.

1.5.14. Cajas de Ahorro y Sistema Financiero.

1.5.14.1. En UPyD pensamos que también ha habido una dejadez enorme por parte de los sucesivos gobiernos de Galicia a la hora de ejercer su labor de supervisión y control sobre la gestión de las cajas. Los de Fraga, el bipartito y el actual gobierno del PP.

1.5.14.2. Ya que en la Ley 4/1996 de Cajas de Ahorro de Galicia se establecía que “la Consellería de Economía e Facenda ejercerá las funciones de inspección de las cajas de ahorros domiciliadas en Galicia” y que “ las cajas de ahorros habrán de someter a auditoría externa a los estados financieros y las cuentas de resultados de cada ejercicio, que remitirán a la Consellería de Economía e Facenda” que por otra parte y según la misma ley sería la encargada de “establecer el alcance y contenido de los informes de la auditoría”.

1.5.14.3. Sobre los afectados por las participaciones preferentes, UPyD defenderá que se actúe con justicia,  estudiando  y  decidiendo  en  cada 2c3aso  concreto.  Habrá  devolución  de los  fondos  o resarcimiento sólo para aquellos ciudadanos que, víctimas de un engaño, confiaron en unos productos financieros ofrecidos de manera fraudulenta, mientras que los sistemas de supervisión estatal y autonómico fallaban estrepitosamente.

1.5.14.4. Profesionalizar la gestión de las Cajas de Ahorro y de los bancos participados promoviendo reformas  legislativas  para  que  sus  Consejos  de  Administración  estén integrados  por  consejeros idóneos de reconocida solvencia profesional y no por personas sin otra cualificación que proceder de la actividad política.

1.5.14.5. Prohibir prácticas abusivas como la concesión de préstamos en condiciones preferenciales a los  directivos,  la  condonación  de  deudas  a  los partidos  políticos  o  el  cobro de  indemnizaciones millonarias.

1.5.14.6. Exigir responsabilidades,  tanto en el ámbito político y judicial como en el profesional, de los comportamientos fraudulentos o que violen las leyes que rigen el sector bancario.

1.5.14.7. Fiscalizar  e inventariar  el patrimonio  de todo  tipo (inmuebles,  arte,  colecciones…)    que era propiedad de las obras sociales de las dos cajas gallegas fusionadas e intervenidas.

Una política desde los ciudadanos

2. Regeneración democrática

2.1. Reforma electoral

2.1.1.  Es urgente romper el inmovilismo de una sociedad lastrada por el dominio tradicional de los dos partidos herederos de las viejas corrientes de izquierda y derecha, con la ayuda inestimable de los partidos nacionalistas gracias a una Ley Electoral que prima a las grandes fuerzas políticas y a las nacionalistas a costa de alterar severamente la voluntad popular.

2.1.2.  En Galicia, UPyD propuso reducir el número de parlamentarios  de 75 a 61, pero no siguiendo los criterios partidistas que pretendía imponer el PP.

2.1.3.  UPyD      propone   establecer   la   circunscripción   electoral   única   para   elegir   a   los diputados autonómicos

2.1.4. Asimismo, UPyD propone:

2.1.5.  Unificación en el 3% de los votos válidos por circunscripción como umbral mínimo de acceso al Parlamento.

2.1.6.  Sustitución de la fórmula D’Hondt de reparto de restos por la Hare, más proporcional.

2.1.7. Implantación de un sistema de listas desbloqueadas con voto preferencial, pudiendo alterar el orden de los candidatos propuestos por los partidos políticos o agrupaciones electorales.

2.1.8. Limitación del sufragio autonómico y local para residentes habituales en el extranjero. Los residentes  habituales  en el extranjero  pueden votar sin requisitos  previos en las elecciones  al Parlamento  nacional,  pero  no  es  razonable  que  su  voto  pueda  decidir  elecciones  como autonómicas. La democracia demanda que participen en la toma de las decisiones los destinatarios de las mismas, y no se puede considerar destinatario a una persona que, si bien conserva el vinculo de la nacionalidad, nunca haya sido residente en el ámbito geográfico de aplicación de sus derechos, o haya dejado de serlo muchos años atrás, caso de aquellos nacionales nacidos en el país al que emigraron sus progenitores, o cuando se trata de nacidos en el país pero llevan muchos años residiendo en otro.

2.2. Transparencia

2.2.0.1. España es uno de los pocos países de la UE que no garantiza por ley la transparencia y el acceso a la información pública. Son 22 de los 27 Estados miembros los que tienen reconocido el derecho  de  cualquier  ciudadano  a  conocer,  con  la  correlativa   obligación   de  informar   de las administraciones,   instituciones,   organismos,   empresas,   asociaciones,   fundaciones   que realicen servicios o funciones públicas u operen con capital público. Toda la información registrada de cualquier forma, elaborada o recibida y en posesión  de las autoridades públicas ha de ser accesible  a  los  ciudadanos  de  forma  rápida,  gratuita  y  comprensible,  sin  más  excepción  que aquélla que afecte a la seguridad y defensa del Estado y la intimidad de las personas.

2.2.0.2. Un objetivo fundamental de UPyD es promover el control de todos los organismos públicos a fin  de  que  se  rijan  por  criterios  de  objetividad,  imparcialidad  y  atención  al interés  general, promoviendo la transparencia de las administraciones  en todas las facetas de su actuación, de modo que todos podamos conocer y valorar sus decisiones.

2.2.1. Propuestas

2.2.1. Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública  de  la  Xunta  de  Galicia aplicable   a  todas  las  administraciones  y  los  organismos  autónomos,  entidades,  empresas sociedades, institutos, fundaciones  vinculados  a  ellas  o  sostenidos  con  fondos  públicos,  de tal  forma  que  cualquier ciudadano, sin necesidad de acreditar interés directo, pueda acceder a toda la documentación de las administraciones públicas, incluidas las cuentas financieras. La Ley establecerá una batería de sanciones disuasorias proporcionada y fácilmente aplicables, sin más excepciones que las previstas en la Constitución.

2.2.2.          Publicidad de la información sobre los puestos de trabajo del personal eventual adscrito a los gabinetes de los Conselleiros, y de empresas públicas. Detallando identidad, currículum vitae y méritos tomados en consideración  para su contratación, funciones, salarios y retribuciones  que perciban  por  cualquier  concepto,  jornada  laboral  y  sistema  de  control  sobre  su  régimen  de dedicación.

2.2.3.         Creación  de  bases  de  datos  de  acceso  público  donde  puedan  consultarse  todas  las subvenciones   otorgadas   o  recibidas   por  organismos,   instituciones,   empresas,   sindicatos   o particulares,  así  como  las  contrataciones  de  las  administraciones,  permitiendo  la  búsqueda tanto  por  emisores como por perceptores.  Dichas bases de datos deberán reflejar claramente tanto el fin de la subvención como los mecanismos que se dispondrán para comprobar su correcto uso.

2.2.4.         Habilitación, bajo los requisitos de la Agencia Española de Protección de Datos, de canales éticos en todas las administraciones locales que permitan la comunicación confidencial, y sin temor a represalias, de malas prácticas, violaciones de las normas éticas, posibles conflictos de interés y transgresiones de la normativa legal.

2.2.5.        Publicación de todos los Convenios de las administraciones con empresas privadas.

2.2.6.        Obligar legalmente a que las distintas administraciones y entes vinculados:

2.2.7.           hagan públicas sus cuentas generales y liquidaciones, así como el grado de ejecución presupuestaria de cada capítulo de los presupuestos, en un plazo inferior a un año después de finalizado el año de ejercicio del presupuesto;

2.2.8.            garanticen   la   consulta   accesible   a   cualquier   ciudadano   mediante,   al  menos,   un enlace habilitado en la página web de la institución o empresa pública;

2.2.9.          envíen a la Sindicatura o Tribunal de Cuentas las cuentas anuales de todas las entidades dependientes y vinculadas en los plazos y formas legales.

2.2.10.       La contratación del personal de estos organismos se realizará por procedimientos públicos de igualdad de méritos y capacidad, con transparencia en las percepciones salariales y por otros conceptos.

2.2.11.       Aplicación a las empresas públicas, entidades de derecho público, institutos y fundaciones de las mismas normas de transparencia económica y acceso a la información.

2.3.     Corrupción

2.3.0.1.          El crecimiento  de la corrupción  pública  reduce  la calidad  de nuestra  democracia.  La corrupción es un cáncer que destruye las instituciones si no se toman medidas para detenerlo, y además genera profundas desigualdades  sociales. La percepción del aumento de la corrupción compromete la credibilidad de nuestro sistema político, como lo revela que el Barómetro del CIS de los últimos trimestres  sitúe  el  descrédito  de  los  partidos  políticos  como  el  tercer  problema principal,  sólo aventajado por el paro y la situación económica.

2.3.0.2.     Las causas de esta degradación pública son perfectamente reconocibles:

- Clientelismo: las administraciones más proclives a la corrupción son aquellas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político. El contraste con los países europeos con niveles bajos de corrupción es significativo, porque en España el partido que controla un gobierno local, autonómico o central puede nombrar multitud de cargos y asesores, y a la vez tejer una red de Agencias y Fundaciones con plena discrecionalidad en cuestiones de personal.

- Deficiencias de la transparencia en la gestión pública.

- Proliferación de normas y burocracia, innecesarias y superfluas.

- Administración de justicia lenta y politizada, colonizada por los partidos tradicionales.

2.3.0.3.      En el ámbito de la contratación abundan las irregularidades que afectan al interés público, muchas de ellas señaladas por el propio Tribunal de Cuentas: falta de agilidad y responsabilidad en los procedimientos contractuales debido a la confusa distribución de competencias; deficiencias en la confección de los proyectos de modo que durante la ejecución se producen alteraciones sustanciales, incorrectamente  llamadas  modificaciones  u  obras  complementarias;  anomalías  en la  fijación  de criterios de selección del concurso, olvidando que la discrecionalidad administrativa inherente al concurso debe estar fundamentada.

2.3.0.4.      Abundan los casos en que el dinero público se canaliza hacia empresas afines mediante la adjudicación  de contratos  y/o subvenciones.  Estas empresas  devuelven  parte para financiar  al partido, contratando simpatizantes, afiliados o familiares de la autoridad responsable. Se establece así un circuito triangular: el dinero del contribuyente  va a manos del político, del político a las empresas, y de éstas una parte vuelve al político y afines.

2.3.0.5.      Es  habitual  que  nuestras  autoridades  intenten  eludir  la  regulación  comunitaria,  lo  que ha originado varias denuncias ante la Comisión Europea y en algunos casos las consiguientes condenas del Tribunal de Luxemburgo por incumplir el derecho Comunitario.

2.3.0.6.     Nuestras propuestas tienen tres sentidos principales:

2.3.0.7.     Reformar el procedimiento de contratación de las empresas y servicios públicos.

2.3.0.8.      Reducir drásticamente la discrecionalidad de los cargos políticos y el número de empresas, fundaciones y consorcios públicos.

2.3.0.9.     Independizar y dar mayor relevancia a los órganos y mecanismos de control.

2.3.0.10.     Hay   que   evitar,   al   mismo   tiempo,   la   parálisis   de   la   Administración,   pues   un entramado  burocrático  excesivo  perjudica  la  actividad  pública  y  en  muchos  casos  justifica  lacreación de empresas  y consorcios  sin control administrativo.  La existencia  de estos entes es tradicional,   pero  lo  novedoso  es  su   multiplicación   desmedida   en   los   tres   niveles   de   la administración, sobre todo en la autonómica con el pretexto de conseguir mayor eficacia. Pero su verdadero objetivo ha sido y es sustraerse a la aplicación de las normas que regulan la actuación de las administraciones  públicas para garantizar la objetividad,  la imparcialidad,  la eficacia y la seguridad jurídica. Proceso al que hay que poner  coto no sólo por la defensa del interés público, sino por ser absolutamente prioritario para controlar el déficit público.

2.3.0.11.      La financiación  irregular  o, directamente,  ilegal  de  los  partidos  políticos  quedaría  muy atenuada si la transparencia en la información y en los contratos públicos se llevara a cabo en los términos que estamos proponiendo. Y lo mismo vale para luchar contra los enriquecimientos de algunos representantes políticos, que no están justificados por sus ingresos legales.

2.3.1.     Propuestas

2.3.1.1.      Fortalecer la función de inspección de servicios y del control interno, además de realizar auditorías complementarias a los sistemas de control interno.

2.3.1.2.             Reforzar   las   funciones   de   Interventores   y  órganos   de   fiscalización   económica independientes de los cargos políticos, volviendo al sistema de intervención  previa, esto es, al control del gasto antes de ejecutarse.

2.3.1.3.      Habilitación de un Registro de “actividades profesionales coincidentes”. Todo político y todo profesional que ejerza un cargo en una institución pública o en una empresa pública, corporación o similar,                hará   constar   sus  actividades  profesionales   y  participaciones   en   empresas   cuya actividad  coincida  total  o  parcialmente  con  la  propia  de la  institución  o  empresa  pública  que gestione, reseñando en su declaración también la existencia de actividades coincidentes por parte de su cónyuge, conviviente o personas con parentesco hasta el segundo grado.

2.3.1.4.         Reducir la cuantía que permite realizar contratos menores directamente  de 18.000€ a 6.000€ y la de contratos menores de obra de 50.000€ a 15.000€.

2.3.1.5.      Limitar la cuantía máxima que una misma empresa, en un mismo ejercicio, con un mismo organismo, reciba de la Administración por contratos menores.

2.3.1.6.      Extensión   del   “Perfil   del   Contratante”   a   los   contratos   de   procedimiento   negociado sin publicidad.

2.3.1.7.      Incluir en las mesas de adjudicación definitiva de obras a un técnico funcionario externo al departamento correspondiente.

2.3.1.8.      Regular  sistemas  de  control  para  que  las  Administraciones  se  ciñan  en  sus  pliegos  a los criterios objetivos de contratación de la Ley de Contratación del Sector Público, así como para que los contratistas  cumplan  adecuadamente  sus  obligaciones  contractuales.  Incluyendo,  como miembro  de las mesas de adjudicación definitiva de obras, a un técnico funcionario externo al Departamento correspondiente.

2.3.1.9.      Obligar a la transparencia total en las percepciones dinerarias, por todos los conceptos, de todos los remunerados con dinero público, de forma clara y accesible.

2.3.1.10.     Equiparar  las  condiciones  económicas  de  los  diputados  al  resto  de  los  trabajadores en lo relativo a prestaciones por desempleo y años de cotización para la jubilación.

2.3.1.11.     Limitar   el   cobro   por   parte   de   los   cargos   públicos   de   dietas   por   asistencia   a comisiones,  reuniones  y otros  actos  a los que deben asistir  en su condición  de miembros  de consejos de administración y demás entes financiados con fondos públicos.

2.3.1.12.   Limitar el nombramiento de asesores a un número concreto por departamento, en relación a su tamaño y funciones a desempeñar.

2.3.1.13.    Limitar  las  retribuciones   de  los  altos  cargos  de  libre  designación  asimilándolos   al nivel retributivo de los funcionarios públicos que realicen funciones semejantes.

2.3.1.14.    Desarrollar límites estrictos a las posibilidades de inversión privativa de los cargos públicos en empresas con financiación pública.

2.3.1.15.   Creación de una Agencia Anticorrupción.

2.4.      Función pública

2.4.0.1.     Adecuar  el  modelo  de  función  pública  tanto  al  objetivo  de  dotar  a  la  Xunta  de  una Administración  competente  y  profesionalizada,  como  al  de  establecer  para  la  función  pública un  régimen  jurídico  que  asegure  los  principios  y valores  constitucionales  y estimule  la  buena conducta profesional y el cumplimiento de objetivos.

2.4.0.2.      Consideramos necesario fortalecer la función pública mediante el desarrollo de una carrera profesional que permita a funcionarios de carrera, en base a baremos objetivos, alcanzar niveles de responsabilidad ahora copados por cargos de libre designación, fomentando la independencia en el ejercicio de la responsabilidad.

2.4.0.3.        Pensamos que una de las causa de la corrupción de los cargos públicos es el excesivo número de puestos en la administración que dependen del partido ganador de las elecciones. La solución pasaría por reducir al mínimo aquellos puestos de designación política, bien eliminando los que no sean de utilidad, o bien incorporando los necesarios a la oferta de empleo público.

2.4.1.     Propuestas

2.4.1.1.      Adecuación del tamaño de la administración a criterios objetivos y comunes para garantizar la eficiencia en su gestión y la limitación del establecimiento  de diferencias salariales entre los funcionarios.  Hasta  que  esa  modificación  legal  tenga  lugar,  favorecer  la  movilidad interadministrativa de los funcionarios  para posibilitar el retorno de aquéllos funcionarios que lo deseen a su lugar de origen y permitir el reagrupamiento familiar.

2.4.1.2.     Exigencia del criterio de competencia profesional para los nombramientos de titulares de los órganos directivos de la Administración.

2.4.1.3.         Aprobación de las ofertas anuales de Empleo Público y revisión del actual sistema de selección del personal, reforzando la igualdad y el mérito en el acceso a la función pública. En todo caso habrá que considerar el conocimiento del idioma cooficial como un mérito a valorar en función de las condiciones del puesto de trabajo o para dar cumplimiento a la disponibilidad lingüística exigible, pero no como un requisito excluyente para el acceso a la función pública o su permanencia en ella. La valoración de este mérito será la adecuada para  que no se convierta de facto en un requisito.                                                

2.4.1.4.         Transparencia  y control en los nombramientos  y actividad  del personal eventual o de confianza, asegurando la publicidad mediante la publicación de las resoluciones de nombramiento y cese en el respectivo Boletín Oficial, con las exigencias y efectos que señala la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Ha de asegurarse que el personal de confianza realiza efectivamente las funciones para las que ha sido designado, de modo que tal fórmula no constituya una mera vía para asegurar sueldos públicos a personas afines.

2.4.1.5.        Garantía de la legalidad y la transparencia de la negociación colectiva en la Xunta de Galicia.  Deben  establecerse  las  cautelas  y  garantías  necesarias  para  que  se preserven  los principios de negociación colectiva, como son los de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia.

2.4.1.6.      Fortalecimiento de los órganos de control interno de la Administración: de la Inspección de Servicios,  destinada  a  asegurar  la  eficacia  y  racionalidad  organizativa  y  el  cumplimiento  de la normativa administrativa, y de la Intervención, destinada a velar por la eficiencia y legalidad del gasto público.  Se  deben  establecer   canales  de  relación  institucional  para  que  determinada información emanada de los órganos de control sea de conocimiento público, en unos casos, y en otros sea trasladada a los órganos de control externo, como el Parlamento de Galicia, el Valedor do Povo, y el Consello de Contas.

2.4.1.7.       Implantación  de  buenas  prácticas  en  las  Administraciones  Públicas.  Deben  adoptar una  estrategia  clara  de  prevención  de  la  corrupción  en  el  marco  de  lo  establecido  por  la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, asignando a los servidores públicos un  papel  activo  en  dicha  labor,  dotándolos  de  criterios  e  instrumentos  de  actuación  claros  y eficaces para garantizar la integridad del servicio público.

2.4.1.8.      Creación de un órgano colegiado interdepartamental para la coordinación de la política de personal de la Xunta de Galicia.

2.4.1.9.       Desarrollo  e impulso  de la Administración  electrónica  y adaptación  a la misma  de los procedimientos y criterios de gestión.

2.4.1.10.   Implicación plena de todos los servidores públicos en la racionalización de procedimientos administrativos. El modo de tramitación de los procedimientos administrativos y su simplificación, la agilidad    de    los    procedimientos,    la    claridad    en    la    distribución    de    competencias,    la accesibilidad  al estado de tramitación  por parte de los interesados  y la coordinación  entre las diferentes unidades administrativas que intervienen en un mismo procedimiento, han de ser una preocupación constante de los órganos responsables de organización administrativa, al igual que la racionalización  de  procedimientos  y  la  calidad  de  los  servicios.  De  ahí  que  promovamos  la elaboración de manuales de procedimiento y la aprobación de cartas de servicios con los compromisos de calidad a que hayan de ajustarse los diferentes servicios públicos prestados a los ciudadanos.

 

2.4.1.11.    Restricción, en toda la Administración Pública, de los nombramientos arbitrarios por parte de los responsables políticos para cubrir los puestos de trabajo reservados a funcionarios, estableciendo que la adjudicación de cargos, hasta Jefaturas de Servicio incluidas, sean cubiertas por concurso de méritos, como medida para combatir el servilismo político de funcionarios agradecidos.

 

UPyD impulsor de un Estado eficaz, solidario e igualitario.

El estado autonómico

3. Estado autonómico

 3.1.      Nuestro modelo de Estado

3.1.1.         Si bien es cierto que la descentralización ha supuesto un impulso para la modernización de un país cuyas estructuras políticas y administrativas estaban obsoletas, contribuyendo decisivamente a superar cuatro importantes retos:

- Económico: autonomía y reequilibrio territorial de la riqueza han ido de la mano desde

1978, de modo que la España autonómica es más equilibrada económicamente que antes del proceso.

- Democrático: las instituciones autonómicas han impulsado la democratización horizontal de la sociedad.

-  Gobernabilidad:  la  democratización  horizontal  ha  generado  un  complejo  sistema  de equilibrios de poderes.

- Cultural: ha posibilitado la recuperación del patrimonio cultural marginado por décadas de centralismo.

3.1.2.          Sin embargo, cada uno de estos éxitos parciales ha generado sus problemas y disfunciones, acentuadas con la presión nacionalista y por la permanente provisionalidad de un modelo territorial que, de no corregirse, amenaza la viabilidad del sistema político.

3.2.     Duplicidades, redundancias y excesos

3.2.1. .        La descentralización debe servir para mejorar los servicios públicos y acercarlos al ciudadano.

Debe resultar eficaz y eficiente en la gestión fiscal y la preservación del interés general. Sin embargo, la descentralización de España ha seguido casi siempre a impulsos electorales  y  sectoriales  carentes de  un  modelo  general  racional,  ignorando  condiciones objetivas de nuestro país como su tamaño territorial, su población y su situación geográfica en el mundo, incluyendo nuestra pertenencia a la UE.

3.2.2.            La   consecuencia   de   esta   falta   de   un   modelo   ponderado   es   la   proliferación   de duplicidades, redundancias y excesos administrativos. Se han creado órganos adicionales para ampliar las instituciones de autogobierno de modo irracional, con el consiguiente coste para el sistema de financiación, incurriendo en actuaciones innecesarias, superfluas o de mera propaganda.

3.2.3.            El   modelo   resultante,   un   sistema   de   tres   administraciones   superpuestas   (estatal, autonómica y municipal) es causa de numerosas duplicidades y redundancias. Proliferan los Observatorios, Órganos Consultivos, Jurados de Expropiación o Institutos de Estadística con idénticas competencias o sin ninguna concreta. Así se han generalizado de nuevo la desigualdad y la injusticia.

3.2.4.           En  la  actualidad  no  existe  manera  alguna  de  comparar  las  mejores  prácticas  entre administraciones  y,  por  tanto,  de  compartirlas  e  intercambiarlas.  Debido  al  rechazo políticoadministrativo a la asunción de responsabilidades, no hay estudios oficiales de eficiencia comparada en ningún sector. Tampoco existe la posibilidad de aplicar técnicas de mejora de gestión usuales en otros países.

3.2.5.             En  resumen,   el  sistema   padece   tres  carencias:   falta  de  coordinación   efectiva   que produce duplicidades en la actuación, falta de rendición de cuentas y falta de evaluación e información comparada.

3.3.     Nuestro modelo de Estado federal

3.3.1.                  Las   reformas   estatutarias   emprendidas   en   los   llamados   Estatutos   de   segunda generación fuerzan un cambio del modelo de Estado sin la preceptiva reforma constitucional, sin un diagnóstico previo del actual Estado Autonómico y sin objetivos claros a conseguir.

3.3.2.                La alternativa de UPyD es finalizar nuestro incompleto y eternamente provisional Estado Autonómico para convertirlo en un verdadero Estado federal estable, homologado a modelos constitucionales de larga tradición, lo que exige abordar la reforma íntegra del Título VIII de la Constitución, claramente agotado.

3.3.3.              El Estado Autonómico ya tiene un grado de descentralización comparable al de un Estado federal típico o superior. Sin embargo, las dos grandes fuerzas políticas prefieren ignorar el hecho, mientras  que  los  partidos  minoritarios  o  los  nacionalistas  que  se  dicen  favorables  al  federalismo defienden en realidad una concepción confederal cuando no independentista. Esta huida de la realidad y del lenguaje claro ha tenido consecuencias muy negativas para el Estado común.

3.3.4.              Es  necesario  fijar  de  forma  definitiva  en  la  Constitución  la  lista  de  competencias estatales   y autonómicas,   devolviendo   al   Estado   las   necesarias   para   garantizar   la   cohesión nacional   y   la   igualdad   de   sus   ciudadanos,   suprimiendo   la   posibilidad   de   delegación   de potestades estatales a las CC. AA., que deben tener todas igual capacidad legislativa y sistema de financiación.     Se     deben     potenciar     los   mecanismos     de     coordinación,     participación     y cooperación  interterritorial  reformando  el  Senado.  Se  trata,  en  definitiva,  de  conseguir  un  Estado federal  fuerte  donde  las  CC.  AA.  tengan  las  mismas  competencias,  claramente  delimitadas  y separadas de las estatales para evitar duplicidades y discriminaciones.

3.4.     Actuaciones sobre el sistema de financiación autonómica

3.4.0.1.           Nos oponemos al actual sistema de financiación autonómica porque instaura la negociación bilateral  entre  las CC. AA.  y el Estado,  según  el modelo  del Estatuto  catalán,  rompe  los cauces institucionales e impone al resto de las Comunidades los acuerdos alcanzados, vaciando de sentido el foro multilateral y la LOFCA. Además, acepta que el Fondo de Garantía sólo cubra educación, sanidad y servicios  sociales, dejando fuera infraestructuras  y  otras  inversiones  básicas.  No  hay  ninguna previsión   de corresponsabilidad  fiscal, aceptando  que las CC. AA. sólo sean centrales  de gasto, cargando la obligación de subir impuestos a la Administración Central. Finalmente, es un sistema más complejo que el anterior y muy poco transparente, con una multiplicación de fondos a la carta que permite a todas las CC. AA. mostrarse como la más favorecida.

3.4.0.2.            Es pues un sistema de financiación que será preciso reformar, porque de éste depende en buena medida que las CC. AA., como Galicia,   presten los servicios que configuran el Estado del Bienestar. El sistema de financiación debe adoptar un marco multilateral donde se contemplen las necesidades de financiación territorial. La reforma debe definir un sistema estable aunque sometido a revisiones periódicas de los recursos atribuidos en función de las necesidades y objetivos.

3.4.0.3.             Promoveremos  que  el  sistema  de  financiación  autonómico  se  ajuste  a  la situación económica real. Ya que actualmente la financiación autonómica para un año determinado  se  realiza mediante   una   estimación   el   año   anterior,   una   vez   cerrado   el ejercicio presupuestario, y ya obtenidos los datos reales de recaudación de impuestos, se calcula cual debería haber   sido la financiación,  y la  diferencia  se  suma  o  resta  a  la financiación del año siguiente. Esto significa que las comunidades autónomas “sienten” las crisis económicas en sus presupuestos con dos años de retraso, incentivando que los gobiernos autonómicos gasten más de lo que deberían y provocando quiebras como las del presente.

3.4.1.     Propuestas

3.4.1.1.            Establecer límites legales al crecimiento del gasto de la Xunta de Galicia. Los límites de crecimiento del gasto serán congruentes con las previsiones de ingresos y los objetivos de déficit, así como con los objetivos globales del país.

3.4.1.2.            Eliminación   urgente   del   gasto   superfluo,   elaborando   un   catálogo   de   entidades   y organismos prescindibles por la Xunta de Galicia para proceder a su eliminación.

3.4.1.3.              Racionalización  del gasto: incremento  de la eficiencia mediante  cambios organizativos adecuados,  y cambios  en la política  de personal,  así como  de funcionamiento  mediante  estrictas medidas  de control  del gasto corriente,  de inversión  con la aprobación  de inversiones  en base a rigurosos estudios coste–beneficio, etc. El control del gasto debe ser prioritario a cualquier bajada de salarios de los empleados públicos o subida de impuestos.

3.4.1.4.                Reducción  significativa  de  las  empresas  públicas,  organismos,  agencias,  consorcios, institutos, fundaciones y demás entes instrumentales mantenidos con fondos públicos, suprimiendo aquellos que por   su volumen de   actividad   tengan   escasa   entidad,   los   que   se financien exclusivamente con recursos públicos, los que ejerzan competencias claramente administrativas  y  los que  impliquen  redundancia  de  funciones  con  organismos  similares existentes en otros ámbitos o niveles administrativos que puedan fácilmente incorporar sus competencias.

3.4.1.5.        Así mismo, defendemos que se habilite un Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal, que debería tener  entre  sus  objetivos   reforzar   y  agilizar   los  mecanismos   de  colaboración, coordinación e intercambio de información entre todas las administraciones públicas.

3.4.1.6.              Defendemos   la   realización   de   campañas   que   promuevan   la   corresponsabilidad ciudadana en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y que sitúen el fraude como un comportamiento inadmisible que atenta contra el bienestar, el progreso y la dignidad de las personas.

3.4.1.7.        Rechazamos  contundentemente  la  aplicación  de  amnistías  fiscales  que  pretendan primar a los defraudadores e incentiven el fraude.

3.4.1.8.        Priorizar el recorte de los gastos superfluos y la lucha contra el fraude fiscal al requerimiento de nuevas aportaciones fiscales de los ciudadanos, pues reducen el consumo de las familias y la inversión de las empresas alargando la crisis económica.